La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos fue expedida por Benito Juárez el 12 de julio de 1859 en Veracruz.
Esta ley complementó la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos, o Ley Lerdo, de 1856, con un cambio importante: los bienes ya no pasaban a manos del clero, sino a otras personas.
La ley también anulaba cualquier venta que el clero hubiera hecho de sus bienes y requería que se devolviera la posesión o su costo, además del 5% de la venta.
Además, se quitaba la licencia perpetuamente al funcionario que hubiera permitido la venta y se castigaba a los testigos con un aproximado de 1 a 4 años de presidio.
